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COMUNICADO FALLO EJEMPLAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA PROTEGE LA INFORMACIÓN EN SALUD DE LA INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA

Bogotá, 2 de noviembre de 2017. El máximo órgano de protección constitucional, mediante la Sentencia T-543 de 2017 concedió la tutela de los derechos a informar y ser informados y al debido proceso de los consumidores y de Educar Consumidores ante la violación a manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Como fruto del proceso de revisión de dos tutelas, una interpuesta por Educar Consumidores y la otra por un grupo de ciudadanos y organizaciones pertenecientes a la Alianza por la Salud Alimentaria – Colombia contra la SIC, la Corte Constitucional le dio la razón a los accionantes, protegiendo sus derechos a informar y ser informados.  

A finales de 2016, Educar Consumidores y organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria se vieron obligados a acudir ante los jueces constitucionales para exigir la protección de sus derechos ante la censura de una campaña informativa de salud pública, censura cometida por la SIC y promovida por la empresa POSTOBON S.A.

En las pruebas aportadas en ambas tutelas la Corte pudo constatar que la SIC actuó por fuera de la Ley y la Constitución, extralimitó sus funciones, tergiversó la normatividad y violó los derechos fundamentales mencionados, pues le ordenó a Educar Consumidores, sin la debida notificación procesal e impidiendo un debido proceso, que cesará la difusión del comercial que advertía sobre los efectos perjudiciales que puede traer el consumo de bebidas azucaradas; así mismo, la SIC obligó a Educar a remitirle cualquier información sobre el consumo de bebidas azucaradas antes de ser publicada, para que la SIC ejerciera un control previo sobre el contenido, silenciando de este modo la campaña informativa “Cuida Tu Vida – Tómala En Serio” e impidiendo que los consumidores pudieran acceder a información veraz sobre dichos productos. Además, la Corte determinó que en el proceso administrativo que la SIC adelanta contra Educar Consumidores, dicha entidad administrativa actuó sin justificación cuando desestimó las publicaciones y evidencia científica que sustentan las afirmaciones que se realizan en el comercial retirado del aire.

La Corte resalta que si bien la libertad de expresión es un derecho que eventualmente puede ser limitado, “toda limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, por lo que debe estar sometida a un juicio estricto de constitucionalidad”[1] pero en el proceso contra Educar Consumidores la SIC no tuvo en cuenta dicho juicio estricto antes de proceder a silenciar la campaña informativa; además incurrió en censura previa, la cual está proscrita en el ordenamiento jurídico colombiano.

Otro aspecto fundamental de la Sentencia es que diferencia entre la información que suministra una organización de la sociedad civil, sin ánimo de lucro como lo es Educar Consumidores, de la información publicitaria dirigida a influir en las decisiones de consumo, publicidad que antes de ser una manifestación de la libertad de expresión, surge de los intereses económicos y lucrativos de quienes la promocionan, y es expresión de la libertad de empresa y desarrollo del derecho a la propiedad privada, de ahí que la publicidad sí deba estar sometida a un mayor control, en comparación con la posibilidad de controlar información que además hace parte de una campaña de salud pública como la que desarrollaba Educar Consumidores.

En este punto, se reiteta la importancia que tiene el derecho a la información al momento de garantizar también el derecho a la salud, retomando argumentos de derecho nacional (Ley 1751 de 2015) e internacional (Observación General No. 14 del Comité DESC), la Corte recuerda que el acceso a la información es parte importante para la protección de la salud.

Por último, la Corte manifiesta que “(…) considera necesario señalar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que en el ejercicio de sus facultades administrativas no puede adoptar ninguna medida que implique un control previo sobre la información -con independencia del medio por el que se transmita-, y que únicamente puede adoptar responsabilidades ulteriores, en el marco de las cuales se deben respetar los derechos fundamentales de los implicados, lo que incluye el derecho al debido proceso administrativo”.[2]

En Consecuencia de lo anterior la Corte decidió conceder la tutela a las organizaciones accionantes, y le ordenó a la SIC publicar en su página de internet (por un plazo de tres meses) un resumen de la sentencia y un vínculo que remita a ella, y le advirtió que no puede volver a cometer censura previa.

En palabras de Esperanza Cerón, directora de Educar Consumidores “Esta decisión de la Corte Constitucional se convierte en un instrumento que no sólo protege los derechos de las organizaciones directamente tuteladas sino que además sirve de referencia a nivel nacional e internacional para impedir que campañas informativas de salud pública vuelvan a ser silenciadas, por esto consideramos que es un excelente precedente judicial, que protege la información de salud de la interferencia de quienes no quieren que se conozca dicha información”.

En el siguiente enlace se puede consultar la Sentencia T-543 de 2017: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-543-17.htm

Para más información contactar a: Educar Consumidores, teléfonos: 57 1 704897, correo: educarconsumidores@gmail.com

[1] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-543 de 2017, M.P: Diana Fajardo Rivera, página 37.

[2] Ibídem, página 50.

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